La promulgación de la primera ley de transparencia en México durante los albores de este siglo, representó una de las promesas de transformación de la administración pública, más relevantes en el primer sexenio de alternancia.
Publicitar la información pública en manos del gobierno, por redundante que la expresión resulte, auguraba ser una de las políticas más innovadoras 15 años atrás: conocer el sueldo de los servidores públicos, la información sobre los gastos en comunicación social, o de las contrataciones que se efectúan con cargo al erario, se convirtieron poco a poco en condiciones sine qua non, de la nueva vida democrática en México.
La bandera de la transparencia se complementó entonces con la reciente reforma al modelo de rendición de cuentas, que derivó en la creación de Auditoría Superior de la Federación en diciembre del año 2000.
De tal forma que la pareja formada por transparencia y rendición cuentas, adquirió una presencia inusitada en la vida pública nacional. Posteriormente, el derecho de acceso a la información pública normado con las legislaciones en materia de transparencia, se complementó con el derecho a la protección de datos personales, primero garantizando la privacidad de los datos en posesión de particulares, y luego (con siete años de diferencia) la de los datos que se encuentran en posesión de los sujetos obligados.
Publicidad y privacidad
De tal forma que la combinación de transparencia y protección de datos, ofreció una perspectiva balanceada respecto de dos principios en tensión que encontraron un justo equilibrio: publicidad y privacidad, normadas y vigilantes relativamente sólidos a lo largo y ancho del país.
En ese escenario, al inicio de la administración que está por concluir se gestaron diferentes reformas que renovaron la arquitectura institucional de la transparencia, en el contexto de una nueva estructura: la del combate a la corrupción. Así, se creó el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales; el Sistema Nacional Anticorrupción; y, el Sistema Nacional de Fiscalización, que ya había dado sus señales de vida desde la transformación que sufrió de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C. (ASOFIS), en 2010.
Además, desde 2011 México forma parte del compromiso global conocido como Alianza para el Gobierno Abierto, y que ya se encuentra en la implantación de su tercer Plan de Acción 2016-2018. Esta perspectiva de apertura del gobierno, significa mayores esfuerzos por lograr la transparencia, la rendición de cuentas, y la participación ciudadana, aprovechando los aportes de la sociedad civil en esquemas de co-creación con el gobierno, y aprovechando también las ventajas que ofrecen las tecnologías de la información.
Archivos
En esa evolución de los diferentes esquemas institucionales en materia de transparencia, rendición de cuentas, combate a la corrupción, y desde luego de apertura del gobierno, resulta relevante identificar la más reciente de las innovaciones legislativas: la Ley General de Archivos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 15 de junio de 2018, y que viene –extraño que parezca- a complementar el ciclo de transformaciones necesarias para contar con un robusto entramado institucional, porque precisamente es la gestión documental y el control de archivos, un aspecto fundamental que ha sido desde uno de los obstáculos a los que se han enfrentado las medidas de transparencia y de rendición de cuentas.
Controlar la gestión equivale a documentar la gestión, y por ello este es un aspecto crítico para que los nuevos arreglos institucionales en todos sus ámbitos, logren incidir efectivamente en la gestión. A pesar de lo obvio que resulta que esta historia debió contarse al revés, es de celebrar este nuevo esfuerzo.
Colaboración del LID para CUARTA
*Estuardo Gómez es investigador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID) y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.