En los últimos años, para analizar y construir las aspiraciones democráticas de este país hemos articulado un discurso que, entre otros elementos, versa sobre la protección de los derechos humanos, la seguridad, el combate a la pobreza, la transparencia, la rendición de cuentas, la impunidad y el combate a la corrupción. Dando un paso atrás, fuera de este contexto se encuentran otros conceptos que se asocian a los mínimos que se deben implementar para lograr un “buen gobierno”.
Imaginemos un futuro donde el impulso democrático se lleve a cabo desde el gobierno y, por otra parte, tabmién desde las distintas organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación, academia, organismos internacionales y demás actores que inciden de alguna forma en la manera que se gobierna en este país.
Ante la falta de confianza que prevalece sobre el accionar del gobierno en sus distintos niveles, un parámetro indispensable para tener un punto de partida de la exigencias ciudadanas, sociales e incluso políticas, es, sin duda, la información que genera el gobierno.
Con independencia del tema del que se trate, ya sean detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, contrataciones de gobierno, gasto en publicidad oficial, presupuesto destinado a programas de combate a la pobreza, un mecanismo que existe para cambiar la realidad del país consiste en acceder a la información que genera el gobierno, analizarla y, en consecuencia, tomar decisiones o presionar por un cambio específico.
El problema, no obstante, es el enfoque sobre la gestión de la información en nuestro país, el cuál ha sido muy básico. Comprende, en general, la función de conservar la historia del país. No tanto como el marco de acción que permite adecuados procesos de gestión documental, no sólo de aspectos históricos, sino aquellos que se relacionan con nuestras luchas cotidianas.
¿En México vamos hacia una política pública de gestión documental o hacia una simulación más de las aspiraciones democráticas mal planeadas? La reciente aprobación de la Ley General de Archivos será un tema fundamental por sus implicaciones en este discurso del “buen gobierno” que hemos avalado y promovido.
Desde la perspectiva académica, en el sistema de rendición de cuentas se dice comúnmente que no se pueden rendir cuentas si no hay cuentas. Es decir, ni siquiera podemos juzgar si un funcionario o un político hizo bien o mal las cosas, si no existe información sobre su accionar.
En este sentido, durante años la pugna se ha concentrado en el acceso a la información del gobierno, a través de los mecanismos que ha generado la Ley General de Transparencia y sus predecesoras. Pero una posibilidad siempre existente es que desde la administración pública se indique la ausencia de contenidos, expedientes o documentos relacionados con la temática a la que se desea acceder a la información.
Además, la realidad de este tema -la gestión documental- se valora muy distinto dependiendo el nivel del gobierno donde nos encontramos. Los gobiernos estatales y el federal, en general, tienen procesos de gestión de información que deben reforzarse y homologarse, pero en algunos casos existe un avance. No obstante, a nivel municipal este avance es muy reducido en la mayoría de los casos.
No es lo mismo, por ejemplo, la gestión de información que existe en el sector educativo o el sector salud, sobre expedientes escolares o clínicos, respecto a otros tipos de expedientes, como los registros de apoyos otorgados por becas deportivas o las bitácoras sobre la recolección de basura o la pintura de calles. Los mismos responsables de la información han identificado que los expedientes clínicos son más valiosos, que deben existir algunas formas de resguardo.
Desde el otro ángulo, existen responsables de otro tipo de información que incluso no consideran que sus actividades -como las bitácoras sobre la recolección de basura- deban ser documentados en absoluto. En ambos casos, no obstante, la ciudadanía y la sociedad civil organizada pierde, ante la ausencia de un parámetro mínimo sobre cómo debe gestionar la información que genera el gobierno.
Implementar las lógicas que se aprobaron en la Ley General de Archivos no solo implica voluntad política, también una gran cantidad de recursos presupuestarios y organizativos. Los resultados de un buen gobierno, ese que permite tener información sobre la gestión de sus acciones y desde el cual se puede combatir la impunidad y la corrupción, dependen, estructuralmente, de un avance en esta materia.
Los escenarios serán muy sencillos de observar. Si desde el presupuesto de la federación y de las propias entidades federativas no se destinan recursos para implementar esta política pública, difícilmente lograremos construir un futuro con las aspiraciones democráticas que hemos venido deseando. Democracia y buen gobierno no son sinónimos. Para las exigencias de nuestra sociedad actual requerimos instituciones competentes, abiertas y responsables. No sólo en los dichos, sino en la información que documentan en su día a día.
Colaboración del LID para Cuarta
*Mauricio Hernández estudió políticas públicas, ha trabajado en temas de rendición de cuentas, educación y democracia desde elgobierno. Actualmente está vinculado en proyectos del LID, relacionados con participación ciudadana ytransparencia.