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  • Estuardo Gómez Morán*

Tres desgracias contemporáneas de México


El viernes 18 de enero pasará a la historia como el día en que México fue testigo de tres desgracias, que describen en mucho la compleja situación de crisis que se vive en nuestro país, y ante la cual definitivamente no hay respuestas y soluciones que simplemente se puedan plantear en blanco y negro.

La primera

La primer desgracia comenzó a ocurrir con el irracional acto de rapiña de los pobladores de Tlahuelilpan, Hidalgo, quienes ignorando por completo su propia seguridad y la de sus hijos, se dispusieron a aprovechar la fuga de combustible en un ducto de Pemex. Naturalmente, este acto es tanto reprobable como incomprensible, pero que puede tener su explicación en tres posibles incentivos.

En primer lugar, la impunidad: es decir, la expectativa presumible de que el aprovechamiento no tendría consecuencias legales para ellos, puesto que es sabida la debilidad institucional para hacer valer el Estado de derecho. Ello explica que ahí hubiera una toma clandestina, y posiblemente integrantes del crimen organizado atizando a los pobladores para aprovecharse del chorro.

En segundo lugar, la ignorancia: que puede explicar la gran irracionalidad que implica el estar dispuesto a correr hacia el chorro poniendo en riesgo su propia vida, y que también puede explicar el alto grado de manipulación y vulnerabilidad al que están expuestos amplios sectores de la población, no solo ante estos eventos catastróficos, sino ante los intereses partidistas que periódicamente se disputan su apoyo en las urnas.

Y en tercer lugar, la miseria, pues sin duda es previsible que entre los aprovechados hubiera también quien solo buscara solucionar en alguna medida su precaria condición económica, y mitigar la situación de desabasto que se ha padecido durante las últimas semanas. Tres incentivos, impunidad, ignorancia y miseria, que han cobrado la vida ya más de 90 personas.

La segunda

La segunda desgracia fue la actuación del Estado ante el catastrófico evento. El gobierno del presidente López Obrador se ha embarcado en una loable cruzada contra el robo de combustible, delito cuyas pérdidas anuales se estiman alrededor de 60 mil millones de pesos anuales. Si bien, es innegable la importancia de hacer frente a este lastre, la estrategia emprendida por el Gobierno de México ha ocasionado también escasez de combustible en al menos siete estados del país.

En ese contexto, la actuación de las corporaciones militares, las policiales y las operativas de la paraestatal petrolera, ante el suicida acto de rapiña del viernes pasado, dejó por lo menos sembrada la duda sobre la capacidad estatal para lograr la protección, no solo de los ductos de Pemex, sino de las personas. El presidente de la república afirmó que su gobierno “mantendrá la política de respeto a los derechos humanos y la búsqueda de diálogo, partiendo de que en ningún momento se dará la orden de reprimir al pueblo”. Sin embargo, vale la pena preguntarse qué derecho humano se hubiera vulnerado con una actuación más decisiva. La intervención que los ciudadanos esperamos del Estado no es la de represión, ¿o es acaso la única forma de intervención que era posible en ese contexto?

¿Qué criterios justifican?

¿Qué criterios justifican que el dejar hacer y dejar pasar era la mejor alternativa? Sin embargo, como ya se ha dicho no hay respuestas que simplemente se puedan plantear en blanco y negro. Es posible que detrás de la actuación de cada funcionario, en diferentes momentos de esa crisis, hubiera habido negligencia, pero también ineficiencia, incapacidad o ignorancia, todas ellas acompañando a un puñado de buenas intenciones. El único resultado que se debió lograr era proteger la vida de las personas incluso contra su voluntad, y proteger la infraestructura pública y los bienes. Pero lo más probable es que no exista un protocolo que indique con una total certeza cómo lograr ambos resultados al mismo tiempo, en un contexto tan catastrófico como el del viernes pasado.

La tercera

Y finalmente, la tercer desgracia es la que se ha presentado en reacciones documentadas en las redes sociales a partir de lo ocurrido, que describen sin lugar a dudas el alto grado de polarización social que se ha acentuado durante los últimos años, y que se enfatizó todavía más durante la campaña presidencial de 2018. Muchas personas –incluso algunos periodistas- han expresado no solo su indolencia ante la muerte de quienes participaron del acto de rapiña, sino en cierta forma su beneplácito bajo el argumento de que “ellos se lo buscaron”, “lo debieron haber pensado antes”, o “se lo tienen bien merecido”.

Estas opiniones han estado acompañadas de las descarnadas imágenes que han circulado en todas las redes sociales. Detrás de estas expresiones se esconden la intolerancia y el fanatismo, de quienes convalidan el argumento simplón de la diferenciación ética entre el bueno, y el malo, el chairo y el fifí, el mesías y la mafia del poder. Y por otro lado están quienes, ya sea por un motivo o por otro, politizan y lucran con la desgracia enarbolando el reclamo de los familiares de las víctimas de una indemnización a causa de los terribles hechos.

Dolorosa lección

El presidente López Obrador afirma que esta es una dolorosa lección, y se ha comprometido a actuar en todo momento con la verdad ante esta tragedia. Esta es sin duda la primer catástrofe a la que se enfrenta este gobierno, ojalá todos capitalicemos en alguna forma esto como una lección de la cual se aprenda cómo combatir la impunidad, la ignorancia y la miseria, cómo mejorar la actuación de las fuerzas policiales para garantizar primero la vida de las personas, y cómo ser más tolerantes y comprensivos con el dolor humano.

*Estuardo Gómez es investigador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID), y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.


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