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  • Estuardo Gómez Morán*

Dilemas de la participación ciudadana: ¿la participación por la participación?


En días recientes los mexicanos hemos atestiguado uno de los ejercicios participativos más cuestionados de la historia democrática reciente; la Consulta Nacional por el Nuevo Aeropuerto. De acuerdo con la Fundación Arturo Rosenblueth (organización encargada de la logística de la consulta, y que se dedica a la promoción del uso de la ciencia y tecnología para la solución de problemas públicos), se registraron un poco más de un millón de boletas, en los 538 municipios donde se instalaron mesas receptoras para la consulta. La opción de reacondicionar el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el de Toluca y construir dos pistas en la base área de Santa Lucía, resultó favorecida con el 69.9% de las boletas registradas.

Al respecto, vale la pena reflexionar sobre la naturaleza de estos mecanismos de participación ciudadana desde la perspectiva de una sociedad que aspira contar con un pleno estado de derecho. Entre los estudiosos de la participación política en sociedades democráticas prevalece la idea de que la participación encierra en sí misma dilemas. La condición necesaria en una sociedad democrática es que la participación sea libre, y es precisamente este uno de los factores que conduce a sus dilemas: pues dada esa condición, la participación es por un lado, producto de la voluntad individual par tomar parte en alguno u otro proceso decisorio. Por otro lado, la participación política en sociedades democráticas caracterizadas por un estado de derecho, también es producto del contexto institucional que establece las reglas para su ejercicio: pues de otra manera, los impulsos participativos conducirían a un escenario más bien anárquico.

Voluntad individual y reglas del contexto institucional

Estos dos elementos, la voluntad individual y las reglas del contexto institucional, son los que definen y explican la participación que se presenta en cualquier sociedad democrática; y los dilemas que esto encierra son que la participación es desigual, es decir que los ciudadanos toman parte en los procesos decisorios desde esquemas de información heterogéneos, y con motivaciones igualmente diferentes. Por otro lado, existen condiciones inherentes a la propia vida democrática que impiden que todos los que quieran participen, y también que todos lo que puedan hacerlo lo hagan, aunque no quieran.

Una mayor participación es deseable en contextos democráticos, finalmente esta es la premisa básica de la forma democrática de gobernar. Sin embargo, la finalidad no es la participación por la participación misma; lo que se espera de la participación democrática es que sea un mecanismo de respaldo popular que ofrezca la suficientemente legitimidad para investir a los decisores públicos del apoyo suficiente para conformar el gobierno. Se sabe también que esta forma de participación representativa, se enfrenta cada vez a exigencias y demandas de mayores mecanismos deliberativos. Por ello las democracias modernas han contemplado mecanismos institucionales para incorporar la participación ciudadana en la toma de decisiones específicas.

Por ello, ante el ejercicio que los mexicanos hemos atestiguado en el contexto de una decisión como la de continuar con un proyecto de infraestructura de la dimensión del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), valdría preguntarnos: ¿Es la formalidad institucional de un mecanismo de participación democrática necesaria para la calidad de ese instrumento?

Qué va a consulta y qué no

¿Qué tipo de decisiones es factible poner a discusión mediante esquemas de esta naturaleza, como la consulta? ¿Quién debe decidir qué tipo de decisiones procesar mediante el mecanismo participativo, y con base en qué criterios se debe tomar esa decisión? ¿Basta con que más de dos personas participen para que esa sea una mejor decisión? ¿Deben estos instrumentos de participación ser organizados por una instancia pública con las capacidades probadas para organizar procesos electorales, o qué características deben cumplir aquellos? ¿Cómo se debe vigilar la instrumentación de estos procesos, y qué mecanismos de control son los necesarios para dar certeza a la calidad de la decisión tomada?

Tal como ha resultado el proceso implementado, y con la primera impresión de los días recientes, México parece haber dado varios pasos hacia atrás en la confianza que nuestras instituciones democráticas ofrecían a los actores nacionales e internacionales, lo cual se ha visto reflejado en el tipo de cambio de nuestra moneda. Sin embargo, otros efectos quizá más importantes de la aplicación de esto instrumento participativo, se verán más bien en el mediano y largo plazo. El tiempo habrá de juzgar con una mejor perspectiva, la pertinencia de la consulta.

Colaboración del LID para Cuarta

Foto: Notimex

*Estuardo Gómez es investigador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID), y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.

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