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  • Luis Sánchez Pérez

Una mirada crítica a los foros de paz de AMLO


Nuestro país sigue sumido en una espiral de violencia. La atención desviada a los procesos políticos de estos últimos meses ha vuelvo a concentrarse en la violencia derivada del narcotráfico con las noticias de erupciones sorprendentes de asesinatos en zonas turísticas de la Ciudad de México y la escalofriante noticia de que las víctimas de la violencia literalmente han rebasado la capacidad de las morgues de nuestro estado, Jalisco, y los cuerpos tiene que colocarse en contenedores de tráiler.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha iniciado una serie de foros de consulta y escucha a lo largo del País para interactuar con las víctimas de la violencia en varios estados de la República.

Estos foros mandan una señal positiva a las víctimas de la violencia que, en muchos casos, son tratadas con una distancia institucional que procura disfrazar la debilidad de nuestras instituciones de justicia. Sin embargo, divorciados de una intención más clara del gobierno para comenzar un proceso de pacificación y con una nebulosa, complicada y muy controversial propuesta de amnistía, vale la pena echar un vistazo histórico a procesos similares de pacificación y analizar lo insuficiente que pueden resultar estos foros, sobre todo a la luz de procesos exitosos de búsqueda de paz como el colombiano.

Caso Colombia

Tres ejemplos para ilustrar qué los foros sin método claro y, sobre todo, sin un encargado institucional, legítimo y ciudadano de guardar la memoria histórica de este proceso, son sólo muestras simbólicas de buena voluntad que poco harán para darles a las víctimas acceso a la verdad y la justicia.

Primero: en Colombia, se creó un mecanismo no judicial de contribución a la verdad y la memoria histórica.

Personas que habían participado en el movimiento armado y que ya estaban desmovilizadas dieron su testimonio para que las víctimas pudieran saber qué pasó, quiénes fueron los responsables y qué se proponían.

En nuestro país se propone, a diestra y siniestra, cierta clemencia legal a quienes han participado del narcotráfico sin hacerlos partícipes de un proceso del cual ya fueron parte -su historia y las claves que puedan proporcionar para entender mejor el fenómeno social del narcotráfico en nuestro país-. Hacerlo de manera oficial, sin dejarlo a la dolida sociedad civil dedicada a buscar cadáveres en México, es imperativo.

Segundo: la capacitación seria de fiscales especializados en los delitos específicos vinculados con el narcotráfico y la violencia en México.

Restructura de la Fiscalía

En Colombia, la fiscalía se reestructuró de manera agresiva, creando un criterio de priorización para la investigación de delitos y una Unidad de Análisis y Contextos. De manera fuerte, se reorientó la tarea del poder judicial al reto de seguridad más apremiante en México.

En contraste, en nuestro País, los fondos estatales y registros de atención a víctimas operan de manera timorata cuando lo hacen o a veces simplemente no operan. El reconocimiento del delito vinculado a la violencia y narcotráfico como el problema más grande de nuestro país debe de venir acompañado de una reorientación entera del poder judicial en México. Los mensajes del presidente electo a la futura tarea del poder judicial, es uno de los discursos ausentes en los foros y en los mensajes públicos.

Tercero: el apoyo irrestricto de gobiernos municipales y federal a las víctimas en procesos de construcción de paz.

Las intervenciones del gobierno federal generalmente son para la construcción de infraestructura faltante con la esperanza de que el ‘tejido social’ ocupe espacios anteriormente inexistentes o rehabilitados.

La marcha del ladrillo

En Colombia, alcaldes de todo el municipio de Granada, duramente azotado por la violencia, abrazaron la marcha del ladrillo, un esfuerzo multitudinario donde habitantes recolectaron, donaron y cargaron ladrillos y una enorme manta que rezaba ‘territorio de paz’ para reconstruir viviendas destruidas.

Encontraron en sus alcaldes refugio a una iniciativa suya y que fue retomada para varias otras poblaciones después.

En México seguimos presas de un esquema de petición; –las víctimas se presentan ante la autoridad para pedir que resuelva un crimen y la autoridad escucha-.

El costo político de aceptar que un alcalde poco puede hacer en lo inmediato para combatir la impunidad de delitos violentos como la desaparición forzada hace que permanezcan distantes para evitar ese costo político, en lugar de hacer suyas las demandas de justicia y paz.

Es una pena, pero estos foros no solamente se antojan insuficientes; sino como un esfuerzo simbólico porque de una población herida y azotada por la violencia vengan todas las respuestas. El enfoque multilateral de paz mostró esfuerzos por apaciguar un conflicto, que duró decenas de años, en otro lugar de América Latina.

Los foros de pacificación son un tímido intento de lograr algo –solamente que aún no se ve claro qué-. Por el bien del país esperamos que el enfoque de paz y estos tres ejemplos contribuyan a dar claridades a un gobierno entrante que se antoja primerizo y titubeante.

Colaboración del LID para CUARTA

*Luis Sánchez Pérez es investigador de Medios de Información y Mecanismos de Participación Ciudadana en el Laboratorio de Innovación Democrática (LID) y Consejero en Defensa de las Audiencias del Sistema de Radio, Televisión y Cinematografía de la Universidad de Guadalajara (UdeG).

#Elecciones #AMLO

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