¿Por qué los objetivos del desarrollo sostenible deben ser promovidos por la institución que garantiza la responsabilidad y el apego a la legalidad de las instituciones y sus servidores públicos en la entidad? Es una de las muchas preguntas que surgen en torno a la decisión de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Jalisco haya realizado el primer Foro Ciudadano sobre los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (DESCA) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) los días 17 y 18 de agosto.
Para dar respuesta es necesario revisar los antecedentes de los derechos económicos, culturales, sociales y ambientales a fin de determinar qué relación tienen con los Objetivos Del Milenio (ODM) y su impacto en la agenda pública local.
Pacto de los Derechos Civiles y Políticos
Encontramos los antecedentes de los DESCA en el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año de 1966 y ratificado por nuestro país en el año de 1981, en él se establecen los compromisos de los Estados que se adhieren, respecto al cumplimiento de medidas legales e institucionales para garantizar el cumplimiento fundamental de las libertades y garantías que dan sustento y sustancia a un gobierno democrático: la vigencia y respeto a los derechos civiles, políticos y sociales, que son a su vez el núcleo de los derechos humanos.
El Pacto también incluye la formación y funcionamiento de un Comité que entre otras funciones tiene la de recibir, examinar y emitir comentarios respecto de los informes que sobre el cumplimiento del Pacto llevan a cabo los Estados parte. Esta última es una función de control y medición del desempeño, que en el marco de la cooperación internacional, opera con el fin de identificar, visibilizar y evaluar el grado de avance en los compromisos.
No obstante, como sucede con diversos ordenamientos normativos internacionales tuvieron que pasar muchos años para encontrar la coyuntura que permitiera intensificar los alcances y expectativas del Pacto, es así que para septiembre del año 2000 se firma por 189 países la “Declaración del Milenio de las Naciones Unidas” de la cual emanan los llamado Objetivos del Milenio, que cito a continuación:
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
2: Lograr la enseñanza primaria universal
3: Promover la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer
4: Reducir la mortalidad infantil
5: Mejorar la salud materna
6: Combatir el VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente
8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo
Si bien resulta favorable contar con un horizonte claro y acordado sobre el puerto de llegada al que deben aspirar los gobiernos nacionales a través del funcionamiento de su aparato de administración pública, una de las principales limitantes a las que se enfrentó los ODM es que se elaboraron y sancionaron de manera unilateral por funcionarios públicos, ministros y líderes políticos.
La fórmula de integración omitió la consulta a quienes son beneficiarios de la acción pública, la ciudadanía. Por ello se careció de la legitimidad que brindará suficiencia y pertinencia política de los objetivos y por consecuencia de las metas e indicadores que cada país elaboró al respecto.
El contenido sustantivo de los ODM
El contenido sustantivo de los ODM es plausible y refleja las aspiraciones de bienestar y prosperidad, no podrían ser calificados como indeseables, pero el modelo democrático de un régimen político se encuentra apuntalado por la virtuosa relación entre gobernados y gobernantes. Con mayor precisión un conjunto de relaciones de servicios y respuestas a demandas, pero también de comunicación y cooperación en torno a las decisiones públicas. Posiblemente ésta sea una de las razones por las que los resultados expresados en los informes periódicos que los países han presentado, muestra avances conservadores e insuficientes de las metas e indicadores nacionales y locales armonizados a los ODM.
El conjunto de metas públicas de los Estados parte conformaron la denominada Agenda 2015, sin embargo el deficiente nivel de cumplimiento y la demanda de un mayor consenso exigió a la ONU replantear el modelo de confección de la ahora llamada agenda 2030.
En este contexto surgen los ODS, que no sólo aumentan en cantidad, ahora son 17 frente a los 8 ODM, sino que la clave de la reformulación de la agenda global radicó en una amplia consulta a la ciudadanía mediante la figura de la “Encuesta Mi Mundo”.
Los resultados e interpretación de las demandas y aspiración que jaliscienses expresaron en la encuesta aplicada se encuentran debidamente analizados en el estudio Agenda global y políticas públicas en Jalisco, elaborado por el Consejo Económico y Social de Jalisco (CESJAL).
Dos caras de un mismo fenómeno
En el estudio, se da cuenta del grado de incorporación de los ODS y los ODM en los instrumentos de planeación que van del Plan Estatal de Desarrollo a los Planes de Desarrollo Municipal. Es en este punto donde radica la importancia de analizar la concurrencia dos caras de un mismo fenómeno del sistema político mundial y de la administración pública local a partir de los cuales se diseñan las políticas públicas y programas de gobierno.
Resulta de utilidad contrastar en qué medida se incluyen en la agenda pública nacional, estatal y municipal, así como en el Poder Legislativo, los objetivos y metas de la agenda global de la ONU, más aún cuando esta ha sido edificada desde abajo, tomando en cuenta la opinión y voz de la sociedad civil y procesada posteriormente por la gerencia pública a fin de proyectarla en los instrumentos de planeación de los poderes públicos.
Frente a la renovación del gobierno del estado, de la legislatura estatal y de 125 gobiernos municipales en Jalisco y por exigencia de la Ley de Planeación del Estado de Jalisco y sus Municipios que dispone la elaboración y actualización de los planes de desarrollo, además de que la Ley Orgánica del Poder Legislativo dispone la formación de la Agenda Parlamentaria y el programa de trabajo de la legislatura, nos encontramos ante un momento privilegiado de incluir, actualizar o intensificar la adopción de los ODS, sus metas e indicadores en el andamiaje de planeación en nuestra entidad.
¿Le toca a la CEDHJ?
Retomo la pregunta inicial de este artículo respecto a: por qué debe ser la Comisión Estatal de Derechos Humanos quien promueva esta discusión, la difusión de los DESCA y los ODM. Además de hacerlo en una convocatoria dirigida principalmente a asociaciones, redes y colectivos civiles, la respuesta es clara y contundente, dado nuestro marco jurídico, el derecho humano a la participación social se concibe como la libertad y garantía ciudadana de incidir en las etapas de diseño, formulación y ejecución de las políticas públicas y los actos de gobierno, mediante ejercicios de comunicación y deliberación que permitan la colaboración de la sociedad con su gobierno.
Desde esta perspectiva los ODM y el derecho ciudadana a participar en la formulación de instrumentos de planeación brindan un marco efectivo para la gobernanza democrática: ¿qué más se requiere para llegar a buen puerto? Sin duda, los vasos comunicantes que darán vida a este escenario serán la sensibilidad y receptividad de las élites políticas al frente del gobierno para que en una convicción de los valores del gobierno abierto, permitan la apertura y contribución a las instituciones públicas de la ciudadanía que puede, quiere y debe contribuir con los poderes públicos, más allá de sus contribuciones fiscales de la emisión del voto.
En hora buena a la CEDHJ por organizar el foro ciudadano, en la medida en que los agentes públicos conozcan, respeten y ejerzan los DESCA seguramente existirán menos recomendaciones y medidas cautelares emitidas por la órgano garante de los derechos humanos en Jalisco y seguramente podremos desarrollar una ciudadanía activa que tenga como parte de su ejercicio político los DESCA y los ODM.
Colaboración del LID para Cuarta
*Gilberto Tinajero es maestro en Gestión Pública por la Universidad de Guadalajara. Profesor de posgrado en temas de diseño institucional, rendición de cuentas, acceso a la información pública y participación ciudadana. Coordinador del Seminario de Investigación anual del Laboratorio de Innovación Democrática (LID).