Empleo público profesionalizado…
El 15 de julio pasado el virtual presidente electo de México, anunció una lista de medidas de austeridad, que se dio a conocer mediante una rueda de prensa, y que se ha difundido con el título de 50 lineamientos generales para el combate a la corrupción y la aplicación de una política de austeridad republicana.
En esa lista de ideas se abordan de una forma por demás ambigua, los que en teoría habrán de ser los ejes rectores para el combate a la corrupción, que sin duda fue el principal estandarte de la campaña electoral de Andrés Manuel López Obrador.
Más allá de que por el momento, se trata sólo de ideas aisladas, sin una interconexión lógica entre sí, o carentes de elementos expresos de diagnóstico sobre la necesidad de su implementación, valdría la pena preguntarse qué núcleos duros de política pública demuestran estas pinceladas de directrices para la administración pública.
Ideas medianamente desarrolladas
Y resulta que entre la lista de ideas se encuentran algunas de apariencia más o menos desarrollada, como “Se reformará el Artículo 108 de la Constitución para agregar que el presidente de la República en funciones puede ser juzgado por delitos de violación a las libertades electorales y por delitos de corrupción”.
Pero también se encuentran algunas de una apariencia excesivamente simplista, que dan más la impresión de ser frases de campaña, que propuestas concretas con un alto grado de detalle, como “Se suspenderán por completo fueros y privilegios para funcionarios públicos”, “Se limitarán los viáticos al mínimo”, o “No podrá contratarse a familiares”.
Entre las cincuenta medidas anunciadas, al menos una decena de ellas se podrían clasificar como relacionadas con el empleo público, incluyendo las que se orientan a las remuneraciones de los servidores públicos, y las que establecen reglas para la administración del personal (como “Sólo tendrán apoyo de choferes los secretarios y subsecretarios”, o “Ningún funcionario público podrá ocupar en su domicilio a trabajadores al servicio del Estado, si no lo tiene permitido o no cuenta con autorización para ello”).
Articulación entre gobierno y universidades
Al igual que en cualquier empresa, en el sector público uno de los principales recursos es el capital humano: las personas al servicio de las organizaciones públicas representan el principal activo, pues de ellos depende no sólo el diseño sino la implementación de políticas públicas, y la oferta de servicios. Por ello, resulta pertinente y necesario que se pongan a discusión medidas para el más adecuado aprovechamiento de ese importante recurso.
Sin embargo, las preocupaciones globales que prevalecen con relación al servicio público, tanto en México como en el mundo, no estriban en aspectos propagandísticos como los que se ilustran en las medidas recientemente anunciadas.
Por ello, resultará necesario conocer la forma en que esas medidas evolucionan para adoptarse como medidas de política, con una implementación completa que conduzca en la práctica a contar con un esquema de profesionalización del servicio público, antes que con una serie de medidas administrativas de poco alcance.
Colaboración del LID para Cuarta
*Estuardo Gómez es investigador del Laboratorio de Innovación Democrática (LID) y profesor de la Maestría en Políticas Públicas de la Universidad de Guadalajara.