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  • David López García*

La caída del gobierno español


El pasado viernes vimos cómo el Congreso de los Diputados en España aprobó una histórica moción de censura en contra del ahora ex presidente proveniente del Partido Popular (PP), Mariano Rajoy. Al día siguiente vimos cómo el rey de España nombró al nuevo presidente, Pedro Sánchez, secretario general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE). Este relevo en el gobierno es el resultado de un procedimiento de pérdida de confianza del Parlamento en el presidente del gobierno de España.

El procedimiento se debe al caso Gürthel, catalogado por el diario El País como “la trama de corrupción política más extensa y profunda de la historia democrática española”. El caso Gürthel consistió en la adjudicación de contratos a precios inflados para organizar los eventos del PP entre 2000 y 2008. Se presume que parte de las ganancias en esa cadena de corrupción eran devueltas como mordidas, mientras que otra parte era usada para financiar las actividades del PP. Según la prensa española, las empresas beneficiadas en esta cadena de corrupción se llevaron en total 863 millones de euros, equivalentes a 20 mil 142 millones de pesos mexicanos.

El observar este evento y su desenlace nos ruega hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué si en México tenemos casos de corrupción muy parecidos –la estafa maestra se calcula en 7 mil 670 millones, los desvíos en Sedesol, en 540 millones, y los sobornos de Odebrecht, en 210 millones, todos de pesos–, el gobierno de Peña Nieto sigue en funciones e intacto? La respuesta no es sencilla, pero intentaré dos razonamientos.

Primero, las reglas del juego para constituir y para remover un gobierno son muy diferentes en estos dos países. Mientras que España es una monarquía con democracia parlamentaria, México es una República presidencialista. En el caso de España, el presidente es elegido de forma indirecta, propuesto por el rey y ratificado por los diputados. Así, el parlamento y el rey pueden nombrar y remover al presidente o presidenta en cualquier momento.

El caso de México es muy distinto porque la legislación vuelve a los presidentes prácticamente intocables. El presidente es elegido por el pueblo en elecciones directas y no son sujetos ni de juicio político ni de revocación de mandato. La única alternativa para que el Congreso pueda destituir a un presidente es acusarle de traición a la patria o de delitos graves del orden común. Sin embargo, los especialistas coinciden en que estas acusaciones son tan ambiguas que aplicarlas resulta imposible.

Segundo, si las reglas en México no permiten la remoción de un presidente y su gobierno, ¿por qué no las hemos cambiado? Tradicionalmente, los mayores interesados en ponerles contrapesos a los presidentes han sido los partidos políticos de oposición. Sin embargo, la composición del Congreso nunca le ha permitido a un partido tener mayoría para impulsar esta agenda. Aunado a ello, los partidos de oposición han sido incapaces de formar una coalición para construirles contrapesos a los titulares del Ejecutivo.

Habría que cuestionarse por qué en México ha sido tan complicado legislar la destitución presidencial. México es un país cuya historia nos ha hecho forjar presidencias fuertes e imponentes. El que el presidente y su gobierno prácticamente no puedan ser removidos quizá no es casualidad. Debemos reflexionar sobre las razones que nos llevaron a construir esa Presidencia tan fuerte, y por qué a nuestros legisladores les cuesta tanto trabajo vulnerar la figura presidencial.

Columna del LID para Cuarta

*David López García es candidato a doctor en políticas públicas urbanas por la New School de Nueva York, y coordinador del Laboratorio de Innovación Democrática.

#Internacional #Corrupción #Elecciones

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