Durante el fin de semana se acoplaron dos sucesos que detonaron la discusión pública sobre la reforma educativa. Por un lado, los reportajes que muestran el excesivo gasto en publicidad oficial de la Secretaría de Educación en los tiempos de Nuño. Por otro lado, las declaraciones de López Obrador en el sentido de que la reforma educativa de Peña Nieto tiene fecha de caducidad. Estos eventos han avivado el debate sobre las mejores estrategias para mejorar la educación pública del país.
Al analizar la discusión podemos observar que la conversación se está concentrando en dos grandes temas. El primero es la economía política del sector educativo. Aquí se discuten asuntos como los derechos laborales del magisterio, los salarios, la autonomía sindical y resarcir a los afectados por la reforma educativa. El segundo tema son las estrategias de política social para garantizar a la población más vulnerable el acceso a la educación. Aquí se discuten estrategias como las becas, los programas de alimentación y reducir al mínimo los niveles de no admitidos.
Estas dos cuestiones son muy relevantes, no hay duda. Sin embargo, hay un tema ausente en el debate que hasta ahora nadie ha traído a la conversación: el patético estado en el que se encuentra la infraestructura de las escuelas públicas. La infraestructura es muy relevante para esta discusión porque representa el espacio físico y los recursos materiales que posibilitan u obstaculizan el flujo de todos los demás componentes del sistema educativo. Si no mejoramos la infraestructura, los elementos del sistema educativo no pueden fluir hacia los estudiantes.
¿De qué nos sirve tener la mejor pedagogía en tecnologías de la información si las escuelas no tienen Internet y computadoras? ¿Cuál es la utilidad de capacitar a los maestros para la enseñanza de las ciencias si las escuelas carecen de laboratorios? ¿Cuál es el beneficio de contar con los mejores entrenadores si no se cuenta con instalaciones deportivas? ¿Cuál es el objeto de preparar al magisterio para la enseñanza de las bellas artes si las escuelas no tienen espacios y equipo para su práctica? ¿De qué sirve preparar el mejor material didáctico sobre derechos humanos si ni siquiera podemos garantizar infraestructura educativa digna?
Ahora bien, cuando escuchamos la palabra infraestructura tendemos a pensar en construir edificios o comprar equipamiento. Pero pensar en infraestructura requiere ampliar nuestro entendimiento para pensar también en los servicios a la infraestructura. De nada sirve construir una cancha en una escuela –el equipamiento– si no aseguramos los recursos para darle mantenimiento y pagar los entrenadores, balones y demás insumos para su funcionamiento –los servicios–. La infraestructura sí implica construir y equipar, pero también incluye asegurar los recursos para que la infraestructura que se construye hoy pueda seguir funcionando en el largo plazo.
Sí, nuestro sistema educativo tiene serios problemas relacionados con las condiciones laborales del magisterio y la situación de pobreza de los estudiantes. Por supuesto que estos problemas deben ser enfrentados. Pero una verdadera reforma educativa también tendría que incluir una inversión histórica en infraestructura. Recordemos que nuestra primera gran reforma educativa –que fue en tiempos de José Vasconcelos– sí implicó un ambicioso programa de construcción de escuelas en todo el país.
Columna del LID para El Diario NTR de Guadalajara
*David López García es candidato a doctor en políticas públicas urbanas por la New School de Nueva York, y coordinador del LID.