(Foto: Cuartoscuro)
La semana pasada asistí a un panel de discusión en la New School de Nueva York en el que los panelistas reflexionaban sobre las implicaciones de un eventual triunfo de López Obrador para la democracia mexicana. Durante el panel se lanzó la tesis de que el funcionamiento durante los últimos 30 años del sistema político en México ha generado tres importantes déficits: un déficit democrático, un déficit de estado de bienestar y un déficit de estado de derecho.
El déficit democrático consiste en que las decisiones públicas aún no tienen el grado de democracia al que aspiramos y que nos gustaría tener. El déficit de estado de bienestar se refiere a que aún no hemos podido satisfacer las necesidades materiales básicas de amplios sectores de la población. El déficit de estado de derecho reside en que el Estado aún es incapaz de hacer cumplir las leyes en todo momento, lo que da lugar a impunidad.
Coincido completamente con esta tesis. Pero al escucharla también me di cuenta de que, como sociedad, hemos estado atacando estos tres déficits con base en un supuesto que no decimos, pero que está ahí, tácito. Al atacar estos tres déficits hemos partido de suponer la existencia de una cadena de causalidad. Suponemos que si logramos resarcir el déficit democrático entonces los otros dos déficits se van a arreglar prácticamente por sí solos. Partimos de suponer que los sistemas que son más democráticos toman mejores decisiones públicas.
Partir de este supuesto no es descabellado. Existen tesis muy influyentes que apoyarían la existencia de esta cadena de causalidad. Una de estas tesis fue propuesta por los profesores Daron Acemoglu, del MIT, y James A. Robinson, de la Universidad de Chicago, en su libro Por qué fracasan los países. Publicado en 2012, el libro sostiene que las reglas del juego del sistema político y las del sistema económico pueden ser pensadas como un continuo que va desde las reglas más extractivas hasta las reglas más inclusivas. Por extractivas se refieren a reglas que provocan que el poder político y económico esté concentrado en las manos de unos cuantos. Por inclusivas se refieren a las reglas que reparten ampliamente el poder político y económico entre la sociedad.
El punto clave en el argumento de Acemoglu y Robinson es que existen países en los que tanto el sistema político como el económico son extractivos, y donde el sistema político se usa para proteger y perpetuar el funcionamiento del sistema económico. En estos casos, el poder político está concentrado en las manos de unos cuantos, y ese poder político extractivo se usa para echarle cemento a las relaciones económicas extractivas.
En estas circunstancias, Acemoglu y Robinson sostienen que para poder modificar de fondo las relaciones económicas extractivas indefectiblemente se tiene que comenzar por construir un sistema político más incluyente. Para los autores, el primer paso para modificar el sistema económico es hacerle muchas grietas al sistema político. Sólo cuando el poder político ha sido repartido ampliamente entre la sociedad será posible proponer modificaciones a las reglas del sistema económico para transitar hacia arreglos más incluyentes.
Me parece que todos estamos de acuerdo en que los sistemas político y económico en México son bastante extractivos; es decir, el poder político y económico está concentrado en las manos de unos cuantos. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones de un eventual triunfo de López Obrador para la democracia mexicana? Las preguntas que nos deberíamos estar haciendo es si el eventual triunfo del tabasqueño posibilitaría transitar hacia un sistema político más incluyente y si esto sería suficiente para construir un sistema económico menos extractivo.
Columna del LID para El Diario NTR de Guadalajara
*David López García es candidato a doctor en política urbana por la New School University de Nueva York, y coordinador general del LID.