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David López García*

¿Qué sigue después del involucramiento ciudadano?


Durante la semana pasada se instaló el Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción en Jalisco y se llevó a cabo la sexta sesión del Secretariado Local de Gobierno Abierto. La implementación de estos sistemas es una excelente noticia. Debemos estar agradecidos con las personas que de una u otra manera han contribuido a la existencia de éstas y otras instancias de participación ciudadana. Sin embargo, también deberíamos estar pensando más allá de la existencia de estos sistemas para cuestionarnos sobre cuáles deberían ser sus fines ulteriores y cómo alcanzarlos.

En el campo de la participación ciudadana existe un debate clásico entre los que justifican la participación por sus beneficios intrínsecos y los que la justifican por sus beneficios instrumentales. Por un lado, el beneficio intrínseco se refiere a que la participación es valiosa en sí misma aún sin importar los resultados finales de esa participación. Para esta postura, el participar se verá reflejado en procesos de educación ciudadana que fortalecerán la democracia, y eso es suficiente para justificar el involucramiento ciudadano.

Por otro lado, los promotores de los beneficios instrumentales sostienen que el simple hecho de participar no es suficiente, y que lo que realmente importa son los resultados finales de la participación. Para esta postura, el involucramiento ciudadano en los asuntos públicos se puede considerar exitoso sólo si se refleja en mayores niveles de bienestar social.

Visto desde este debate, si bien la instalación y operación de los sistemas nos ha dejado muchos aprendizajes valiosos que nos servirán para fortalecer la democracia, también tenemos que seguir vigilantes de la forma en que estos sistemas van a contribuir a mejorar los niveles de bienestar social.

Aquí cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿cuáles deberían ser los beneficios instrumentales del sistema anticorrupción y de las políticas de gobierno abierto en Jalisco? Es decir, ¿cuáles son los aspectos del bienestar social que esperamos que se mejoren como resultado de la implementación de estos dos sistemas?

En el caso de la política de gobierno abierto es posible que esta discusión ya se haya dado al interior del Secretariado Local, pues en este sistema de lo que se trata es precisamente de elaborar estrategias para atender problemas públicos específicos. Por ejemplo, algunos de los objetivos del plan de acción local son reducir la brecha salarial entre hombres y mujeres en Jalisco, así como ampliar la cobertura en educación media superior con base en las necesidades y vocaciones productivas regionales. Se trata de objetivos finales muy tangibles.

Sin embargo, en el caso del sistema anticorrupción los resultados instrumentales pueden ser más difusos. Uno podría saltar muy rápido a decir que, obviamente, el resultado final de este sistema es reducir los niveles de corrupción en la entidad. Pero acabar con la corrupción, además de un fin en sí mismo también tiene que ser un medio para algo más. ¿Para qué? ¿Para reducir los niveles de pobreza y desigualdad, aumentar la competitividad económica de la entidad, o para qué exactamente? Además, ¿cómo conectaremos el combate a la corrupción con esos otros objetivos ulteriores? Esa discusión aún está pendiente.

Columna del LID para El Diario NTR de Guadalajara.

*David López García es candidato a doctor en políticas urbanas por la New School, en Nueva York, y coordinador del LID.

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