Como es bien sabido, la conformación del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) en Jalisco se encuentra empantanada debido a las disputas en el proceso de selección del fiscal anticorrupción. Todo iba muy bien. Los actores gubernamentales mostraban una gran voluntad política para crear el sistema. Se contaba con reglas claras y ampliamente aceptadas para cada uno de los pasos del proceso. La sociedad civil se había mantenido vigilante y en cierta medida satisfecha con los resultados. Pero aun así el proceso se ensució. ¿Cómo explicar este descalabro?
El lugar común más fácil sería argumentar que el gobierno del estado o el Congreso están buscando reventar el proceso de selección para poner un fiscal anticorrupción a modo. De esta forma, logarían satisfacer la demanda social de contar con un sistema anticorrupción, pero que, al ser una simulación, les permitiría seguir operando como hasta ahora. Sin embargo, un análisis más matizado nos permitiría observar que la parálisis es el resultado de una situación prácticamente inédita en el campo del combate a la corrupción y el involucramiento ciudadano.
Desde mi perspectiva, el problema de fondo tiene que ver con el espacio de acción que se genera a partir de la interacción entre las reglas del juego del combate a la corrupción –que son fijas y estrictas– y la voluntad política –que es más fluida y sin límites definidos–. Dada su naturaleza híbrida, este espacio de acción abre muchas posibilidades de actuación para los actores gubernamentales y sociales, brinda mucho margen para improvisar estrategias, y por lo tanto genera incertidumbre y parálisis. Me explico.
En el campo de la participación ciudadana hay un viejo debate sobre la conveniencia de tener reglas claras e institucionalizadas para el involucramiento de la sociedad en los asuntos públicos. Por un lado, están los que argumentan que cuando existe voluntad política por parte de los actores gubernamentales entonces no es necesario institucionalizar las reglas, ya que la voluntad será suficiente para garantizar la incidencia de la ciudadanía. Por otro lado, están los que argumentan que la voluntad política no es suficiente porque en el momento en que la voluntad se acaba entonces también desaparecerá la participación, y por lo tanto se requiere contar con reglas formales e institucionalizadas.
Este debate ha sido generalmente ganado por la última postura, y en países como México hemos iniciado diversos procesos para formalizar en leyes y reglamentos las reglas de la participación. El SEA es producto de esta tendencia. Se formalizó un proceso para garantizar el involucramiento ciudadano a través del Comité de Selección y el Comité de Participación Social. En este sentido, la institucionalización de las reglas ha sido un aspecto fundamental del proceso.
Pero al mismo tiempo, la voluntad política también ha jugado un papel importante en la implementación del sistema. No obstante, en algunos aspectos del proceso ha habido gran voluntad política, mientras que en otros no tanta. Por ejemplo, hubo buena voluntad para crear las leyes que crean el sistema, para conformar los comités ciudadanos, y para retirar de la mesa la primera terna de candidatos al cargo de fiscal. Sin embargo, también ha habido falta de voluntad política para atender las recomendaciones del Comité de Participación Social, o para destrabar el proceso de nombramiento del fiscal anticorrupción.
Esta interacción entre las reglas del juego y la ambivalencia de la voluntad política está creando espacios en los que los actores políticos pueden actuar con demasiada discrecionalidad. El riesgo es que los actores gubernamentales y sociales se queden estancados en estos espacios, y con ellos la implementación del SEA.
Columna del LID para El Diario NTR de Guadalajara
*David López García es Coordinador General del LID y candidato a doctor en políticas urbanas por la New School University de Nueva York.