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  • Mauricio Hernández*

¿Cómo se gasta el dinero de la reconstrucción de México?


Con los desafortunados acontecimientos de las últimas semanas en México, me refiero a los terremotos, se ha generado una exigencia de la sociedad que parece evidenciar una disyuntiva, en su punto más claro, con la administración del dinero que actualmente tienen los partidos políticos como actores del gobierno. A la par de esta exigencia que, por cierto, han capitalizado hábilmente los partidos políticos, desde el gobierno federal y el sector empresarial también se han materializado instrumentos que permitirán la reconstrucción de las zonas afectadas, a partir de fideicomisos, principalmente.

Ante estos dos procesos -reconfiguración del gasto de los partidos políticos y fideicomisos para la reconstrucción del país- prevalecen dos narrativas que en algunos sectores de la sociedad mexicana simplemente no se comunican y se plantean como caminos que, en sí mismos, se aíslan bajo la propia retórica de los actores que les promueven.

Me explico. En la discusión sobre los recursos que tienen los partidos políticos se ha concentrado el análisis sobre el “tipo de gasto” ofrecido para la reconstrucción. En un extremo tenemos aquellos partidos que ofrecieron porcentajes de su gasto operativo y, por el otro, aquellos que efectivamente ofrecieron los recursos destinados a la campaña electoral de 2018, siendo estos últimos claramente superiores a los de su gasto operativo anual. Otra parte de la discusión se ha concentrado también en corregirles la plana, al puntualizar que estos partidos no están haciendo “donaciones” de esos recursos, ya que les pertenecen a los mexicanos. Una discusión adicional se concentra en la legalidad de modificar el destino de dichos recursos y una última, sobre los riesgos de permitir financiamiento privado en las campañas electorales -entiéndase también la preocupación por la narco-política.

En esta discusión los propios actores, partidos políticos, INE, periodistas, juristas y sociedad civil están enfocados a comentar sobre la fuente de estos recursos, pues de manera general, se entiende que serán destinados para la reconstrucción del país y por ello no se profundiza en aquellos mecanismos que permitirán revisar cómo se gastarán adecuadamente. Dicho de otra forma, a la sociedad y al ciudadano lo enfocan en el análisis del origen y la fuente de este financiamiento, más que en su proceso de rendir cuentas sobre cómo se va a gastar.

¿Qué tan distinto hubiera sido una propuesta entre los partidos políticos para asignar ese dinero a la reconstrucción del país, pidiendo también, un mecanismo que transparentara de forma efectiva los resultados de esta propuesta e incluso se involucrara en alguna medida? Ese es otro enfoque que, desafortunadamente, los partidos políticos no pueden promover en la actualidad dada su tan desgastada autoridad moral en épocas recientes.

Desde la perspectiva del ¿para qué y cómo se gastarán estos recursos? tanto la clase empresarial como el gobierno federal han comentado la existencia de fideicomisos para la reconstrucción. Es decir, nos están indicando la forma técnica como se agruparán y ejecutarán estos recursos para beneficio de las zonas afectadas. En esta visión también prevalece una narrativa que no permite al ciudadano comprender su máximo alcance.

Básicamente, parte de la discusión se ha concentrado en el análisis de juntar recursos públicos con privados en estos fideicomisos, así como la necesidad de criterios mínimos para transparentar su uso. No obstante, como ciudadanos no sólo queremos que se transparenten, sino que se gasten efectiva y eficientemente, y en caso contrario se ubique y sancione a los responsables. Es decir, que se establezca este proceso y estos instrumentos -fideicomisos- en un marco de rendición de cuentas donde se transparenten, se informe cómo se gastaron y en caso que haya alguna omisión, también se sancione a los responsables. Por ejemplo, ¿qué criterios aplicarán para entregar dinero y contratos de reconstrucción a empresas constructoras que tienen casos recientes de corrupción en su historial? ¿Sabemos qué actor gubernamental tendrá el liderazgo moral para hacer estas valoraciones?

En síntesis, el ciudadano y la sociedad resulta informada de estos procesos, pero tiene una comprensión acotada de un fenómeno: la adecuada rendición de cuentas sobre los recursos administrados por el gobierno y su reasignación para la reconstrucción del país. Los actores políticos actualmente ubican al ciudadano en la disyuntiva de comprender qué es más importante, si conocer de donde vienen los recursos destinados a la reconstrucción, o bien, saber cómo se van a gastar.

Realmente, lo que deberíamos ver es un movimiento de rendición de cuentas que haga natural la toma de decisiones desde el gobierno y la sociedad, donde sea obvio que los recursos para las campañas son aquellos que deben aclararse en términos de su impacto, resultados y beneficios sociales, y por ello, son los primeros que se exigen para reconstruir a las zonas afectadas y, por otro lado, que la presencia de fideicomisos, principalmente aquéllos con carácter privado para beneficio público, deben entrar a una nueva dinámica donde es indispensable impulsar criterios mínimos sobre sus resultados, y dejar de lado aquellos mínimos que simplemente los permiten caracterizar como “transparentes”.

Colaboración de LID para Cuarta

*Mauricio Hernández es Co-Coordinador de Investigación de LID

#Transparencia #RendicióndeCuentas

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