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  • David López García*

La apuesta contra la corrupción en México. ¿Será la correcta?


La implementación de los sistemas anticorrupción del país se encuentra en uno de sus puntos más intensos. El día de hoy se darán a conocer los nombres de las personas que se registraron para formar parte del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción, aquí en Jalisco. Además, mañana se llevará a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción en la Ciudad de México.

Aunque en diferentes fases de implementación, estos pasos tanto a nivel nacional como local responden al cumplimiento de la nueva Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, aprobada por el Senado en junio de 2016. El objetivo del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es establecer un marco legal para la coordinación entre las autoridades de todos los niveles y órdenes de gobierno del país en el combate a la corrupción.

La corrupción es definida como la apropiación de lo público para el beneficio privado y tradicionalmente han existido dos grandes aproximaciones para enfrentarla. La primera es generar un sistema de incentivos negativos a través de un entorno de leyes y reglamentos. En este sistema los actos de corrupción serán castigados con severidad y, asumiendo que los servidores públicos y la sociedad son actores racionales, se espera que las personas decidan comportarse con probidad para evitar los castigos impuestos a los actos de corrupción.

La segunda de las aproximaciones es a través de fortalecer la ética y la moral. Este enfoque le da más importancia a la moral del servidor público y de las ciudadanas que al sistema de incentivos negativos. Si los servidores públicos o la sociedad no tienen una ética fuerte sobre lo público, entonces la existencia de incentivos no es suficiente porque siempre habrá forma de darles la vuelta. Desde esta aproximación se intenta construir una moral y una ética fuerte sobre el servicio público y resaltar la importancia de conducirse con honestidad.

Hay quienes sostienen que ambas aproximaciones se complementan a sí mismas. Desde esta perspectiva, la creación de sistemas de incentivos negativos para combatir la corrupción es la expresión tangible de la moralidad de un país. En esta postura la relación es de ida y vuelta. La moralidad de un país se convierte en leyes, y al mismo tiempo las leyes tienen una influencia sobre la moralidad y la ética. La existencia misma del SNA se puede interpretar como la expresión tangible del anhelo moral de la sociedad civil y nuestros gobernantes por vivir en un entorno con menor corrupción. El SNA es la expresión del deseo de ser un país más honesto y menos corrupto.

Los avances en la implementación del SNA son un logro importante. Sin embargo, me parece que los esfuerzos se han concentrado más en establecer el sistema de incentivos negativos que en fortalecer la ética y la moral en el servicio público. Se puede hacer el argumento de que al crear el sistema de incentivos también se está fortaleciendo la ética y la moral. Pero también se puede hacer el argumento de que no obstante cuántos sistemas de incentivos se generen, si no trabajamos en fortalecer la ética y la moral entonces seguiremos encontrando la forma de darle la vuelta a los sistemas de incentivos negativos.

La apuesta está hecha y la implementación del SNA continúa a paso firme. Tendremos que esperar un poco más para poder observar y evaluar los resultados.

Columna de LID para El Diario NTR de Guadalajara

*David López García es Coordinador General de LID

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