Últimamente hemos recibido noticias sobre casos de espionaje realizados a activistas y líderes de opinión en México. Independientemente de las evidencias y los detalles, este fenómeno ha generado un mal sabor de boca para todos los mexicanos por las implicaciones que prevalecen en este contexto.
Ejemplo de ello fue la salida de 10 organizaciones de la sociedad civil de Alianza para el Gobierno Abierto (http://gobabiertomx.org/), en un mecanismo que incluía la co-participación de autoridades gubernamentales y sociedad civil organizada, dentro de un tema de la mayor relevancia para la construcción democrática del país: decidir y crear juntos acciones públicas.
La razón de esta salida se concentró en la falta de confianza y de condiciones para el diálogo, ante un llamado previo ante este fenómeno de espionaje.
Mediante un comunicado, las organizaciones indicaron que “En México no existen las condiciones para una participación libre y segura de la sociedad civil que permitan avanzar en la agenda de la Alianza para el Gobierno Abierto” (véase http://www.animalpolitico.com/2017/05/espionaje-alianza-gobierno-abierto/).
Si contextualizamos el alcance de esta afirmación para el ciudadano, sin duda, el efecto ha sido brutal.
Imaginemos ahora la nueva disyuntiva que prevalece en un activista, académico, filántropo, empresario o jefa de familia, ante la iniciativa de involucrarse en mecanismos y procesos de participación ciudadana donde pueda ser el foco de una campaña de espionaje, si lleva al límite sus esfuerzos y pueda resultar incómodo para la contraparte. Imaginemos también a un funcionario que en los esfuerzos de la perspectiva de Gobierno Abierto veía la posibilidad de acercarse a la sociedad y a la ciudadanía en temas específicos, donde efectivamente pudiera hacer la diferencia. Ninguno de estos dos actores, ante el entorno actual, podrá encontrarse fácilmente.
Sin más. La disrupción que ha generado este fenómeno se concentra en los entornos de desconfianza que poco a poco se han hecho más evidentes, casi como aquellos que escuchamos a diario por años, y por los que hasta hace un tiempo, incluso ahora, dudamos en presentar una denuncia ante el ministerio público siendo las víctimas.
Así es. La ciudadanía es una víctima indirecta ante el nuevo entorno de desconfianza, y aquellos activistas y líderes de opinión afectados son nuestros nuevos héroes en esta batalla entre David y Goliat.
Los ciudadanos, sin más, ahora tenemos que ser más reflexivos, audaces, innovadores y sensibles para incursionar y abrir espacios de participación a pesar de la posibilidad de ser vulnerados.
*Mauricio Hernández estudió políticas públicas, ha trabajado en temas de rendición de cuentas, educación y democracia desde el gobierno. Actualmente está vinculado en proyectos del LID, relacionados con participación ciudadana y transparencia.