En los últimos días se dieron a conocer datos relativos al desempeño de la Secretaría de Desarrollo Social en México. La información puesta en circulación es certera. A pesar de que esta dependencia federal ha gastado más de un billón 514 mil millones de pesos en diversos programas y proyectos sociales con el fin de reducir los niveles de pobreza, se ha señalado que aún existe un porcentaje de pobres igual al de hace 25 años.
Según cifras oficiales, en 1992 el 53.1% de la población vivía en pobreza de patrimonio; es decir, 43.1 millones (de 81.2) no contaban con ingresos para adquirir alimentos, bienes y servicios básicos. En la última evaluación del Coneval (2014), el 53.2% de la población tenía ingresos inferiores a la línea de bienestar; es decir, 63.8 millones eran pobres.
En esta oportunidad defenderé lo adecuado del tema, señalando la ineficacia del modelo de política social de dicha Secretaría, porque el contenido de los problemas que debe afrontar implica numerosos factores inmunes a su vara de medir. Estos se encuentran muy lejos de la implementación de dicho modelo. Ciertamente esos factores esquivos son muy importantes y para abordarlos ha corrido mucha tinta. En ese contexto me ocuparé solamente de un factor cuya naturaleza no es menos relevante: el papel que ha jugado la ciudadanía en la configuración de dicho problema social.
Está reflexión intenta captar la imaginación de los lectores menos en el sentido cuantitativo de los ingresos, de los niveles de vida y el consumo de bienes y servicios, y más en un sentido cualitativo, enfocado en la exclusión del ejercicio de los derechos ciudadanos provocada por las llamadas reformas estructurales. La cuestión de fondo es si la pobreza está en contradicción o es complementaria con la ciudadanía.
Mi respuesta es que la ciudadanía es complementaria a la pobreza en México y que, de hecho, las reformas estructurales legitiman y han mantenido los niveles de pobreza. Esta afirmación requiere una explicación muy breve del contexto en que aparecieron dos tipos de reformas: de primera y segunda generación, que alteraron los derechos civiles y sociales. Con la crisis de la deuda externa y los efectos de las medidas económicas impulsadas en el marco del llamado Consenso de Washington, a principios de los noventa, las reformas de primera generación reformaron los derechos civiles con el fin de estabilizar la economía e impulsar el crecimiento, lo cual implicó hacer cambios importantes en las funciones del Estado. Destacaron las reformas hacendaria y financiera, y una menor participación del Estado en la economía. Esta modificación llevó a la reforma de los derechos sociales y, posteriormente, a la modificación y creación de diversas instituciones sociales, entre ellas la Sedesol. El Estado redefinió así su función social y dejó atrás su característica de inversor en desarrollo social para apostarle a una política de reducción del gasto social. La segunda oleada de reformas estructurales de la ciudadanía tuvo como resultado una profundización de esa característica de ahorro, lo que implicó la implementación de una política focalizada y de transferencias monetarias condicionadas a los pobres bien portados.
El resto de la historia es conocida. Los niveles de pobreza se han mantenido. Todo ello no hace sino mostrar que las reformas estructurales, así como la aplicación de los modelos productivo y de desarrollo social que éstas implicaban no han tenido el impacto esperado. 25 años constituyen un periodo de operación lo suficientemente robusto como para declarar fallida la implementación de la política social y de los programas sociales desde la Secretaría de Desarrollo Social. A la luz de estos resultados es innegable la urgencia de debatir la utilidad de las reformas estructurales a la ciudadanía y de rediseñar la política social impulsada desde la Sedesol.
*El Dr. Mario Morales Martínez. Investigador / Researcher en el Laboratorio de Innovación Democrática (LID), una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, plural, apartidista e independiente.