Históricamente la corrupción ha sido tipificada como uno de los grandes problemas que afectan al sistema político mexicano, debido principalmente a sus consecuencias económicas y sociales; aunque los estudios realizados a la fecha muestran, además, que este problema mina la legitimidad de las instituciones públicas y la eficiencia en el gasto gubernamental. Como se sabe, las prácticas corruptas no son un hecho reciente en México, son el legado de varios siglos de actuación que consolidó la elite política a través de un gobierno autoritario y represor desde el inicio del siglo XX a la fecha.

En 2014, el Índice de Percepción de la Corrupción –una escala internacional que evalúa entre 0 (Muy Corrupto) y 100 (Muy Transparente) los niveles de corrupción– arrojó que México se posicionó como uno de los 70 países más corruptos en el mundo, y como el país más corrupto de los 34 países que conforman la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Desde un punto de vista objetivo, una de las teorías que más respaldo empírico han encontrado es que la corrupción resulta de la falta de condiciones que hagan más costoso seguir el camino de la corrupción en comparación con el de las vías legalmente establecidas para el ejercicio de la autoridad.

Por ello, en 2016 se trabajó en la construcción de un marco legal en México, el cual tiene como metas principales prevenir, detectar y sancionar actos de corrupción. En términos políticos, dicho marco se diseñó con el objetivo de recuperar la legitimidad y la confianza ciudadana. Todo ello ocurrió con una amplia participación de organizaciones ciudadanas y diversos especialistas. Al inicio de 2017 la expectativa era la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) y ganancias en la credibilidad de las acciones de los gobernantes.

Sin embargo, durante el presente año hemos sido testigos de la serie de decisiones y acciones que han realizado algunos funcionarios públicos federales y de los gobiernos estatales, las que ponen en entredicho la operación de lo que podría llamarse Sistema Nacional Anticorrupción en México y los acuerdos alcanzados con las reformas legislativas en dicha materia en 2016.

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La máxima expresión de ello son los actos de corrupción relacionados con el que coloquialmente ha sido llamado “Dream team” de los gobernadores priistas. De 2010 a la fecha, varios han sido señalados e investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por actos de corrupción, como el desvío de recursos públicos y el enriquecimiento ilícito. Pero los casos más destacados recientemente en los medios de comunicación han sido los de Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), Guillermo Padrés (Sonora), César Duarte (Chihuahua) y Ángel Aguirre (Guerrero). Algunos de éstos fueron destituidos, otros estuvieron prófugos de la justicia y fueron capturados recientemente.

En general, han sido sometidos al escrutinio público y la crítica periodística. Lo que con esta práctica se ha expuesto constantemente en los medios de comunicación es que durante el ejercicio de esta presidencia de la república hemos sido testigos de un nivel de latrocinio e impunidad en los gobiernos estatales; ello en la medida en que el poder se descentralizó con el nuevo federalismo y los gobernadores vieron incrementada su capacidad de incidir en la toma de decisiones.

La ASF ha señalado que la dimensión del desvío de recursos (con el gobierno de Javier Duarte en Veracruz) ha impuesto un nuevo récord desde el surgimiento de dicho órgano fiscalizador. Por ello, y más allá de que ésta pueda ser la generación de gobiernos estatales más corruptos en la historia de México, lo que debe preocupar es que la ciudadanía cuente con más posibilidades de conocer los actos de corrupción de los mandatarios estatales y de cualquier funcionario público.

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Es prioritario entonces fortalecer el Sistema Nacional Anticorrupción. Es urgente que cada parte integrante de la misma –la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la Secretaría de la Función Pública (SFP), la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Comité de Participación Ciudadana–que cada una de ellas cuente con la legitimidad necesaria, tanto en su diseño institucional, como en el desempeño de sus funciones.

*Mario A. Morales es en el Laboratorio de Innovación Democrática (LID) es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, plural, apartidista e independiente.

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